Hemispheric Institute Performance & Politics
6º Encuentro Buenos Aires 8/17 junio 2007
Ponencia presentada en el Grupo de Trabajo que coordina la autora:
De la performatividad del miedo en los cuerpos
Miedos del poder-Escenas de conjuro
La amenaza del activismo contra la
depredación y el saqueo de bienes comunes
Argentina Era K
Mirta Alejandra Antonelli
Universidad Nacional de Córdoba
“(...) una forma de gobierno dada podrá ser decodificada en virtud de las pasiones que la animan, que le confieren su materia.
(...) Esperanza y miedo son las pasiones que someten a otro absolutamente, en cuerpo y alma; en un sentido estrictamente político, es una promesa de seguridad los que les da origen y eficacia como instrumentos de obediencia.”
( Tatián,,2001)
Mina Bajo la Alumbrera, Catamarca, Argentina. Explotación a cielo abierto y por lixiviación con cianuro en la Cordillera de los Andes. Opera desde 1997, en el marco legal sancionado en los 90, y hoy integra el Plan Estratégico Nacional de minería del gobierno de Néstor Kirchner.
I.- Trazados de mapas, secuestro de cuerpos, invisibilización del conflicto
Vengo investigando la construcción de consenso hegemónico para la explotación minera transnacional en la Cordillera de los Andes, en Argentina, incluyendo así el proyecto binacional argentino-chileno Pascua- Lama, a cargo de la Barrick Gold Corp., la mayor aurífera transnacional del mundo, de capital canadiense.
El proceso depredatorio que indago, sin embargo, afecta a buena parte de los países de América del Sur y central, (Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, México, etc.) y de él participan varias empresas, a veces las mismas, cambiando de nombre mediante licencias o por el recurso a empresas subsidiarias.
El proceso que involucra intereses globales, regionales y nacionales que determinan políticas de inversión y “planes estratégicos” que afectan a distintos países recorridos por la cordillera, en el caso argentino, está siendo anunciado como el mayor “factor de desarrollo” de la economía nacional durante los próximos ocho años, desde el Estado.
El mapa en clave minera continental es parte de la presentación seductora de los think tanks o lobbys para inversores del sector, pero también de los gobiernos, que buscan seducir a los inversores mediante modalidades publicitarias específicas que ratifican las legislaciones prebendarias ya sancionadas.
Esta cartografía se exhibe en la página de la Secretaría de Minería de la Nación. Se puede clickear en cada provincia y se obtiene el mapa local para los inversores[1]. Una detallada información sobre las “inversiones” que se esperan, refrenda la política de Estado que ha llevado a la minería aurífera al rango de plan estratégico en la administración Kirchner (2003), cuyo marco jurídico fue sancionado durante la doble presidencia de Carlos Menem en la década pasada (1989-1999).
Las políticas económicas del neoliberalismo y las consecuencias de las privatizaciones de los 90, continúan ahora bajo la coartada del retorno del “desarrollo”: neo-mito fundacional y, a la vez, utopía de administración de las esperanzas, particularmente por la reactivación económica y la reconstrucción del mundo del trabajo, como conjuro del miedo hecho cuerpo: la pobreza y la escasez por desempleo, tras la pérdida de vigencia histórica de esta narrativa –el neoliberalismo- en la crisis argentina 2001-2002 (Lewkowicz: 2004; Kermode:1983).
En la retórica que sostiene la presidencia actual y sus escenas de intervención en el discurso y el movimiento de los derechos humanos en Argentina articulada en la ”esperanza”, pasión de expectativa basada en la confianza, los 90 se invocan siempre como memoria ignominiosa de la “entrega” del país al sector privado. Estos habrían sido los años en que la clase gobernante anuló el rol del Estado garante, según la hegemonía neoliberal.
Por suerte, el discurso presidencial de Kirchner y sus puestas en escena nos recuerdan que ahora, sí, el Estado y la Constitución han vuelto a la política democrática para regular al mercado y al capital, en defensa de los derechos de la ciudadanía, desde su asunción como presidente en 2003.
Hay profusos informes, documentados según protocolos internacionales[2], que demuestran las características de impacto irreversible que produce esta minería, cuyo método extractivo consiste en dinamitar la cordillera dejándola reducida a escombros, y luego lixiviar (“lavar”) la roca dinamitada con la llamada “sopa química”, con altísimo porcentaje de cianuro. Así, la depredación ambiental se considera irreversible, tanto por la dinamitación, cuanto por el empleo del cianuro, y, lo no menos grave, por la utilización de millones de litros diarios de agua pura de la cordillera para ese fin. Cabe aclarar que el cianuro, por otra parte, se infiltra en las napas de agua produciendo su contaminación.[3]
Los escenarios donde redes de movimientos sociales, activistas, ambientalistas, científicos, abogados, universitarios, periodistas, etc., interactúan, cooperan en el diseño de modos de intervención práctica de ocupación del espacio público y en la creación de acciones performáticas de concientización, reclamo o denuncia, están siendo invisibilizados y silenciados en una macro operación de denegación, la que, en primer lugar, se verifica en la inexistencia mediática de esos cuerpos y esas acciones que manifiestan el conflicto: el NO a la Mina, es un enunciado – consigna migrante que se está regionalizando.
Una de las variables explicativas del imposible debate público por estos bienes y sus políticas de administración, es, entonces, la constatación de la casi nula condición de existencia mediática de las acciones colectivas de disidencia. La elipsis y la reticencia de la existencia empírica del conflicto obturan una de las claves contemporáneas de existencia política: la visibilización público-mediática de lo político (Antonelli: 2004)
Como lo he sostenido en otro lugar (Antonelli:2007), en las voces hegemónicas[4], el discurso del No tiene sólo el estatuto de huellas de réplica, de polémica a contestar. En los discursos de funcionarios nacionales y provinciales, tanto en páginas oficiales como bajo la modalidad de palabra citada en el discurso de información; así como el discurso institucional de las empresas transnacionales de las mineras auríferas y de los suplementos de economía de medios de prensa gráfica nacional, el No está presente como disenso difuso, nunca atribuido. Cuando lo hacen, es bajo las formas impersonales y desoriginadas del “se dice”, “algunos creen que...”, para desestimar tanto lo dicho como al sujeto que lo dice, en prácticas de infamación cuya extensión está garantizada por su propia ambigüedad referencial[5].
Sin arriesgarse al delito de injuria o calumnia porque omite sindicar al autor de los dichos, la generalizada difamación que mengua el capital simbólico de honra y credibilidad, niega la existencia civil del sujeto del disenso, porque expropia el nombre – actor personal, sectorial y/o institucional-, borra las trayectorias y descontextualiza las redes de actuación y legitimación no estatales ni empresariales en las que interactúan las comunidades locales y los movimientos sociales.
Por tanto, niega también cualquier reconocimiento a la autoridad del saber que se pone a circular, resultando así el disenso –su discurso y sus sujetos- desacreditado in toto. Esta macro operación de desaparición de los soportes del disenso impide la deliberación e inhibe las posibilidades de verificación/falsación de ese saber, negando de entrada su plausibilidad, por lo que deniega toda posibilidad de confrontación basada en el reconocimiento previo que se requiere para ocupar posiciones de intervención que den existencia a un debate semio-político con el discurso circulante para confrontar con el dispositivo de consenso hegemónico.
Esta macro-operación procura cancelar así el ejercicio ciudadano por negación del derecho a la interlocución en espacios de decisión o pro-activos a la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía (Antonelli; 2004c y 2002). Es éste un modo de funcionamiento represivo/proscriptivo del poder, el poder semiótico del capital en su faz represiva (Lazzarato: 2006) Corresponde, en sentido estricto, a uno de los funcionamientos suasorios de los procesos de producción y control de mundos posibles de las sociedades de control.
II.- Circular palabras, controlar significados, dominar el futuro. Entre la utopía y la escatología. Usos políticos de las pasiones
La fuerza de poderío de las empresas de las que se trata y el involucramiento del sistema público en la coartada de la “minería responsable”; la “responsabilidad social empresarial”, y la minería como “factor del desarrollo sustentable”, es una maquinaria semiótica instituyente que procura un verosímil de mundo, un posible, de “armónica convivencia” entre: el desarrollo que “garantiza la minería” en relación con el trabajo, la mano de obra y el circuito económico entre profesionales y empresas del sector, y el control del riesgo para un ambiente sustentable. Esta feliz alianza - desarrollo económico y ambiente sustentable - prometen hacer de la minería la fuerza generadora de comunidades locales también sustentables; cuya bonanza y futuro venturoso, según la retórica de algunos gobernadores de las provincias afectadas, anunciaría, en verdad, el retorno del desarrollo como proyección para el país todo. Esta es la retórica, por cierto, de la propia página de minería de la Nación y de los funcionarios del área involucrados con las empresas mineras: el Ing Mayoral, secretario de Minería; y diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales.
El discurso hegemónico basa “el desarrollo responsable” en la denegación de las prebendarias legislaciones que sostienen sus dividendos a costa de la destrucción de la biodiversidad y el agotamiento del agua que implica su modalidad extractiva, presentándose como la salvación y palanca de transformación histórica en medio del legado de las ruinas de la Argentina neoliberal[6]. El enunciado que condensa, y replica al contradiscurso de los movimientos sociales y ambientalistas, es que no hay peor contaminación que la pobreza y la falta de trabajo. “Espejitos de colores”[7]
El miedo evocado por la alianza hegemónica empresa/Estado es entonces la
crisis del 2001-2002, mojón en la memoria social de la cristalización de un desquicio donde en medio de la escasez, la desocupación y la pobreza, se incrustó, como marca infamante y oprobiosa del comienzo de la década, siglo y milenio, “la Argentina del hambre”(Antonelli-Giorgi, 2007, Rochietti et alt. 2007).
De esa dramatalogía y su iconografía, que aún hoy es conjurada para sancionar las más regresivas legislaciones[8], se ha borrado, como un hueco, el saqueo bancario y financiero del país, posibilitado por las políticas económicas y las complicidades gubernamentales de los dos últimos gobiernos nacionales: el menemismo que dominó toda la década de los 90 y el delarruismo que se canceló con la renuncia del presidente en medio de los llamados acontecimientos de diciembre de 2001 (Antonelli: 2004; 2004b)
Estos sucesos abrieron, con la fuerza irruptiva y disruptiva que define al acontecimiento, a un campo de efectos. Entre ellos, a un proceso autogolpista de la democracia, enmascarado en la constitucional modalidad de sucesión de cinco presidentes en 15 días. La democracia estallaba, por aquellos días, en la desenfrenada puesta en acción de sus propios mecanismos: la crisis institucional. El naufragio fue la metáfora de máxima condensación del imaginario del desamparo para un país que no disponía ya de la metáfora del territorio para anclar su crisis: país sin capitán, sin timón, sin puerto, sólo abierto en su errancia a la amenaza de lo peor.
La invocación actual de esta memoria del pasado inmediato, construido como corte/umbral de la catástrofe argentina por las autoridades nacionales y provinciales es parte de uno de los más significativos tráficos y usos políticos del miedo en la Argentina era K, poblada en su escenario por los mismos actores que ocuparon y ocupan, reciclándose, recolocándose, el organigrama del Estado y en distintas jurisdicciones
En este escenario patémico, la narrativa del desarrollo funciona como neomito de fundación de “otra etapa” de las relaciones Estado - capital (De Rivero: 2006), con una retórica que activa también la pobreza y la escasez científico- tecnológica nacional, según los sintagmas, iconografías y afectos públicos cristalizados a fines del 2001 y comienzos del 2002 para el caso argentino, pero que encuentra sus equivalentes en otros países latinoamericanos, también bajo políticas económicas extractivas[9].
Estos condensadores son vectores de la memoria construida en torno a la crisis y funcionan como operadores de verosimilitud y deseo (afectos públicos) para procesos que dan continuidad a las políticas económicas, ahora bajo el signo del retorno del Estado como garante del bien común y de la ciudadanía, en una proyección utópica de la gestión del futuro.
De esta continuidad, se destaca la “seriedad jurídica del país”, sintagma con el que se presiona desde la moralidad pragmática del capital para la no modificación de las leyes que amparan las inversiones del sector y que parece ser el relevo de la “inseguridad jurídica” de fines de la década anterior[10].
Esta narrativa puede invocar así, en un discurso políticamente correcto basado en la coartada del desarrollo para todos, los derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la calidad de vida, en el imaginario de una sociedad sustentable sostenida en la dignidad de la persona humana, fundamento internacional de los Derechos Humanos. Aplana las asimetrías de fuerzas y las dependencias geopolíticas, al mismo tiempo que las exhibe. Es más que una denegación. Para decirlo con Laclau, la imposible sociedad por pobreza y escasez será en adelante posible por el retorno del capital como auxiliar socialmente responsable para el desarrollo de estos países, como se ha argumentado respecto a la condonación de deuda externa por inversión en áreas estratégicas de educación superior.
Este uso de la pobreza y el desempleo datados, hace del presente el punto temporal de significación para pivotear, sobre el miedo del campo de experiencia reciente, imaginarios utópicos basados en la esperanza como pasión de expectativa y de confianza. Se trata de una afectación del deseo y de la confianza a la vez, lo cual explica la poderosa inversión sociodicursiva que las transnacionales y el Estado actualizan para el contrato de buena fe de los destinatarios de sus discursos y prácticas. Construir confianza es, a la vez, construir el creer en y el creer que, es depositar una dimensión subjetiva de expectativa recíproca y un componente epistémico, de saber.
En virtud de que el sistema complejo de minería se asienta en el “control del riesgo” y por tanto, en informes técnicos de impacto ambiental que deberían constatar, mediante protocolos, el carácter inocuo o controlable de los métodos extractivos, el proceso demanda, requiere, a nivel macro, la cooptación del sistema científico-tecnológico incluyendo a las universidades y al sistema de ciencia y técnica estatales, sedes de saber legítimo. Durante los últimos tres años, se ha producido un conjunto de normativas, nuevas reglamentaciones nacionales para la alianza entre empresa y Estado. Esto, en directa relación con el monto de creencia en juego respecto a la dimensión promesante de la utopía que requiere saberes autorizados y autorizantes, emanados de las fuentes socialmente reconocidas como fuentes de veridicción. ¿Quién controlará al controlador? Subsidiada por las empresas, ¿qué comunidad científica podrá producir informes confiables y autónomos? La veridicción está siendo interdicta.
A nivel micro, se destaca entre otras, la escuela como institución estatal llamada a “naturalizar” la minería contemporánea, como “parte de lo cotidiano” y del perfil de comunidad en la que se asienta. Para el proceso de apaciguar disensos, disciplinar cuerpos para la minería, neutralizar paisajes y renaturalizarlos para la explotación como necesariedad; la debatida escuela pública argentina, desprendida de la Nación y cedida a las provincias en los 90, ha recuperado, parece, su rol de institución instituyente.
La “remediación” y la mitigación aparecen, como metáforas médicas, para garantizar que, tras el cierre de las minas, el impacto ambiental será precisamente, ¡curado! Las páginas de los think tanks y de las fundaciones conformadas por las propias mineras, con integración de miembros del Estado, están estabilizando una iconografía en la que, por secuencia narrativa fotográfica, se exhibe el antes y el después de la remediación bajo la retórica bucólica deudora de la arquitectura paisajística. Así, se muestra un predio explotado por la minería de la que hablamos como, mágicamente, un escenario natural “renacido”, reverberante después de la remediación. El problema es que los procesos de impacto ambiental convienen a los saberes y lenguajes de la química, la física y la biología. Lo que no se ve.
El complejo proceso de construcción de consenso de esta minería específicamente la aurífera, como parte de un macro proceso político-económico, científico-tecnológico y sociocultural hegemónico en torno a los recursos naturales, en tanto utopía, correspondería a la maquinaria expresiva de las sociedades de control, en su funcionamiento productivo- suscitativo –fase instauradora de acontecimiento y mundos posibles (Lazzarato: 2006), en la actual modalidad de ejercicio de la biopolítica que requiere ahora, en esta fase de acumulación del capital post-transformación de los Estados de la región efectuada en los 90, la intervención en el territorio posibilitada por operatorias del Estado.
En Perú, el apaciguamiento de esta violencia legítima, sus efectuaciones seductoras tendientes a producir el efecto de “armónica convivencia” que consignamos más arriba, ya no puede ocultar la virulencia de la lucha que en verdad se está librando ante las resistencias, por imponer las políticas de referencia. Esta virulencia social ha motivado la demanda formal del sector empresarial al Estado nacional peruano como actor con poder (y fuerza policíaca) para “hacer valer su principio de autoridad” ante el proceso de desprestigio de la minería.
Citamos esta reciente acción empresarial en otro país de la región, no sólo para justificar nuestro análisis, sino como procedimiento de distanciamiento respecto al fenómeno que nosotros abordamos a escala nacional. Este mismo ejemplo tiene la virtud de aportar otros dos componentes que nos interesan por su pertinencia: a- la reacción y recurso al presidente por parte de los empresarios, estrategia que contesta, replica el informe del Defensor del Pueblo de Perú, 2- la réplica es contra un informe mediado por el defensor como figura de representación, ya que en él se da cuenta de los reclamos mineros de distintas zonas; resultado del ejercicio ciudadano de prácticas democráticas.
¿Qué escenario es este, el de la democracia de la región, en el cual los poderes destituyentes han hecho del Estado la regla operatoria de las fuerzas del capital (Lewkowitz: 2004)? El actual nivel de cooptación entre las empresas - sus medios de comunicación, su capacidad y superioridad para instalar escenarios de imposición y circulación de sentido común en y mediante discursos legitimantes socialmente autorizados- y el Estado, nacional y provinciales, puede advertirse en las propias paginas oficiales de eventos organizados, esponsoreados y auto-legitimados por las transnacionales: autoridades nacionales, provinciales, estudios de abogados, investigadores, etc. En dichos escenarios y mediante estos actores hegemónicos, se tiende a controlar (Mato: 2005). y cerrar la disputa en torno a los significados de “minería responsable”, “responsabilidad empresarial, social y ambiental”.
Dos cuestiones son centrales para la verosimilitud y la configuración de la esperanza, reverso especular del miedo, como pasión política que performativamente produzca lo que en la jerga de los Think Tanks que trabajan para las mineras se llama “obtener licencia social para operar”: a) la denegación de las políticas fiscales y de inversión, prebendarias, escandalosas y posibilitadoras del saqueo de los bienes nacionales. Sin esta denegación como punto de partida se cae todo el andamiaje eufemístico y políticamente correcto del discurso del “desarrollo para todos” y el factor de crecimiento en el que está comprometido “el empresariado responsable”, y b) la producción manipulada de informes de impacto ambiental que nieguen la irreversible contaminación de esta modalidad extractiva en la que se sostiene uno de los factores más poderosos de la economía global, y al que se conjura con la “responsabilidad ambiental de la minería responsable”.
III.- Maquinaria para otro mundo posible: verosímil y pasiones cívicas. Cuerpos escamoteados.
El discurso del NO, enunciado- consigna que condensa el rechazo activo y multiforme de movimientos sociales, las prácticas y dinámicas de resistencia, como la de las asambleas de ciudadanos autoconvocados de las distintas provincias bajo explotación minera aurífera o bajo su amenaza, asecho y asedio, puede entenderse desde la conceptualización del miedo como emergente de la racionalidad cognitiva, a la vez deseante, proactiva y suscitativa en el presente, una de cuyas más performáticas modalidades pasionales es la indignación pública; pudiendo ésta promover, en un grado de intensidad fuerte, la desobediencia civil, práctica de una figura que anuda pasiones, racionalidad y conciencia de sujeto en tanto sujeto de derechos, en el ejercicio de limitar el monopolio de la violencia legítima estatal (Bodei: 1995 y Tatián: 2001).
Esta racionalidad marcada por la pasión del miedo sostiene, prospectivamente, el argumentado imaginario de un futuro escatológico. Se trata de la imagen/narrativa del fin; fin de la vida, por amenaza de la contaminación irreversible y el agotamiento de los recursos no renovables; el agotamiento del agua, la muerte fluyente en las napas y cauces de los ríos que bajan de la cordillera, portando, solapada, la contaminación por cianuro.
Una jerarquizada defensa de los bienes comunes, designación que incluye no sólo la de “bienes públicos” procedentes de la economía, sino la de bienes de todos para todos, en tanto condiciones de posibilidad de la vida misma, se enfrenta con la ambigüedad trágica, como en Antígona, en la que dos leyes son habladas, sin poder resolver el conflicto que tensiona la vida. El Creonte habla la ley de los recursos naturales en términos de las políticas extractivas empresariales, glosario en el cual la “calidad de vida” se mide en términos de puestos de trabajo y “crecimiento de la economía local” beneficiada por la minería.
Un punto central para comprender la cuestión que me ocupa: las empresas, aun amparadas y sostenidas por la corrupción y las políticas públicas no pueden operar en las comunidades locales si no cuentan con la ya citada licencia social para operar, performatividad que no depende de la legalidad que invocan las mineras y los gobiernos, sino de vencer la resistencia de la sociedad civil a la ejecución de los proyectos, tanto de exploración como de la posterior explotación del oro.
El NO a La Mina emerge como condensador semio-pragmático y político en Esquel, una ciudad de la Patagonia Argentina, donde los gobiernos nacional, provincial y avanzan con un proyecto minero de oro contaminante a sólo 6 km de la ciudad, apoyando a la empresa transnacional Meridian Gold en contra del 81% del pueblo, que le dijo NO A LA MINA en el plebiscito del 23 de marzo de 2003.
“Los Vecinos Autoconvocados de Esquel creamos esta
página en internet para que todo el mundo se entere de lo que nos está pasando y lo que le pasará al país si lo permitimos. Los esquelenses estamos luchando con dignidad, conocimientos científicos, con amor por la vida y la naturaleza, en contra del enorme robo al país que propician las leyes de minería”.www.noalamina.org.ar
El ejemplo de activismo y el plebiscito como articulación cívico-democrática de expresión pública del rechazo, racionalidad del miedo producido por una competencia cognitiva -lo que se sabe; saber que suscita la indignación por la envergadura de la amenaza en ciernes- hizo de Esquel un motor para otras comunidades: Belén, en Catamarca, General Alvear, en Mendoza, Calingasta, en San Juan, etc. En la última mencionada, el Tribunal Electoral niega el recurso democrático de la consulta, solicitada por tercera vez por el intendente comunal. Se captura un derecho constitucional, de ejercicio de ciudadanía, por temor al NO que lesione los intereses de las empresas y de sus socios, los políticos, invocando que no es de incumbencia municipal el cuidado del medio ambiente en relación con los efectos que pueda producir la minería a cielo abierto (10 de mayo 2007). [11]
Escrache en la Casa de San Juan, en Capital Federal, contra el gobernador, adalid de la minería, y el presidente Kirchner.
Escrache del 13/02/2007 contra la Minera Meridian Gold frente a sus oficinas en Esquel
www.noalamina.org.ar
En los medios alternativos de copyleft, localidades de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Esquel en Chubut, entre otras, ingresan y circulan por el ejercicio del derecho a y la defensa de los llamados bienes comunes –agua, tierra, ambiente – con escaso, cuando no inexistente proceso de información pública por medios nacionales, e incluso, locales respecto al “NO a la Mina”[12].
La invisibilización de las prácticas ciudadanas y el argumento del conflicto que las anima plantea, sin dudas, interrogantes nodales en torno a las relaciones y prácticas entre clase política y poderes del capital, por una parte, y entre clase política, medios y cultura política, por otra, en cada una de las provincias de este neomapa del “desarrollo sustentable” y el “futuro venturoso” que (nos) aguarda[13], dos variables más para indagar el imposible debate sobre y la construcción misma de los bienes comunes.
Por otra parte, la invisibilización/silencio del disenso también concierne a la construcción de agenda de los medios nacionales, y cómo juegan en ellas las relaciones de proximidad/distancia del conflicto y sus condiciones de noticiabilidad, a la vez que el juego de intereses entre empresas mediáticas y clase política[14].
Estamos investigando esta relación a nivel de las localidades afectadas y también a nivel nacional; pero estamos en condiciones de aportar constancias, desde el año 2004, de denuncias en organismos internacionales, como Amnesty International y Sociedad Internacional de Periodistas (SIP) por amenazas a periodistas gráficos y radiales, levantamiento de programas por censura, etc., por informar sobre los aspectos lesivos e irremediables de los métodos y modos de extracción y explotación, como asimismo, por las abusivas políticas de regalías y beneficios económicos otorgados a los capitales transnacionales beneficiarios[15].
Hay constancia también de diferimiento en la emisión de programas –como “Informe Especial” de América, junio 2006- sobre investigaciones en Veladero, San Juan, a cargo de Barrick Gold Corporation. No es casual que San Juan, en un tan cerrado como exponencial ritual de escenificación del poder económico de las mineras, con avales del Congreso de la Nación, del Gobierno Provincial y de la Universidad Nacional de San Juan como participante, haya sido declarada “capital de la minería argentina”, una semana antes de que el Canal América emitiera el anunciado informe, tres veces aplazado, es decir, programado para tres semanas previas a la realización del Primer Seminario y Feria de Expositores de la Minería[16].
Como procuramos demostrar, el “NO a la Mina” tiene inscripción activa en el territorio nacional, pero no goza de buena fortuna mediática. Se sabe que los medios de copyright disponen distintos destinos a los fenómenos ciudadanos, y determinan, en buena medida, con sus regímenes de visibilidad/invisibilidad y de enunciación/silencio, y también con sus retóricas, las posibilidades de construir una agenda pública legítima y plural en torno al contexto y grado de realización de los Derechos Humanos vinculados a estos bienes comunes. Entre las retóricas, llamamos la atención acerca de la permeabilidad mediática para criminalizar y judicializar los reclamos sociales en consonancia con políticas estatales (Svampa-Gargarello, 2007).
En el ámbito sanjuanino, hay testimonios de renuncias de al menos dos miembros de Ciencia y Técnica, porque la minería se declaró “cuestión del Rectorado”[17]. No es insignificante que allí se encuentre Pascua-Lama, el mayor proyecto extractivo y de carácter binacional argentino-chileno, pero que, por las normativas vigentes, tendrá del lado argentino el mayor impacto. Y, además, en este proyecto está concernida la dislocación entre territorio/soberanía[18]
En el caso que nos ocupa, el cálculo estratégico parece ser el conjurar toda aparición mediática del conflicto, inhibiendo que sea noticiable. Esto se ha comprobado a partir del audio de Meridian Gold que motivara su querella contra vecinos de Esquel[19]. Vemos que los conflictos son complejos, casi punto de anudamientos que enlazan la tenencia de tierras, los derechos de comunidades indígenas en determinadas localidades, el derecho a la identidad y la diversidad cultural, etc., además de los conflictos por impactos ambientales (Ulloa: 2005).
IV.- El Cronotopo del ambiente como “cuestión de Estado” en la escena público-mediática (2006-2007)
Hay un “mojón” en el discurso público del gobierno nacional respecto al ambiente: la resistencia a la instalación de las pasteras, último eslabón del proceso industrial de las papeleras instaladas en Uruguay, por parte de localidades argentinas ribereñas organizadas como asambleas de ciudadanos.
La estratégica localización de la resistencia y su alcance binacional, dado que importa un conflicto de intereses entre países vecinos y miembros del MERCOSUR, suscitó una especial escenificación de pasiones cívicas articuladas a la política ambiental; una dramatología actuada en el cuerpo del presidente puso al Estado como cuerpo común con los asambleístas. En esa escena, el presidente declara al ambiente, cuestión de Estado.
Entre Ríos, Gualeguaychú- Argentina. El presidente Néstor Kirchner durante el acto de repudio a la instalación de las papeleras. Fotografía exhibida en la página oficial Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2519
El primer reconocimiento del poder dislocador de las resistencias en la materia, se evidencia cuando el presidente coopta el discurso, el cuerpo/espacio de los representantes legítimos del reclamo por la defensa de la costa argentina.
La abogada Romina Picolotti, activista de la ong ambientalista que logró construir la legitimidad del reclamo desde la legalidad; sostener el rechazo, la visibilidad del conflicto y la inventiva para suscitar acontecimiento en rituales de la política regional, enmarcando el accionar desde la ley y en nombre de la ciudadanía, es promovida desde entonces y hasta hoy, al rango de secretaria de ambiente por el presidente.
Se operaba así, en una neutralización estratégica, la intervención del discurso y del movimiento social, en una maqueta de “acercamiento”, coincidencia y común posición del presidente-cuerpo del Estado y de los ciudadanos que invocan sus derechos y hacen del miedo un pivote legítimo de la indignación como pasión cívica.
Se produjo en días subsiguientes una profusa tematización de la “problemática” ambiental por parte de políticos, ingresando así en agenda mediática y política, formando parte de contenidos programáticos, e impactando en una ampliación de lo noticiable ligado al ambiente.
Gualeguaychú es del orden del acontecimiento; su performatividad ha operado, en principio, un cambio en las condiciones de inteligibilidad, percepción y gestión de lo ambiental como conflicto porque ha inaugurado el régimen público de esa dimensión de la vida comunal y política, anudada por el agua como significante de valor universal en tanto sinónimo de vida.
Me parece que esta huella es una productividad que no se cancela a nivel de las prácticas y actores de las resistencias, no obstante sus tráficos y usos político-mediáticos. Lo que ha desatado Gualeguaychú, desatado está: la “conciencia ambientalista” en nombre de derechos, la indignación promovida por el miedo racional, y la defensa de la ciudadanía, ya se ha anudado a otros reclamos, y, en tal caso, funciona como sistema de traductibilidad en la discursividad y praxis social.
En términos foucaultianos, podríamos decir que constituye una fuerza de emergencia de la problematización de lo social - complejo proceso de emergencia de una problemática, redes de instituciones, circulación, lucha asimétrica- y, además, se resiste a ser gestionada por una biopolítica delegada en el Estado.
Tras la colonización del discurso público-mediático, el cuerpo de Picolotti. que anudó el lazo entre cuerpo social comunal y cuerpo de Estado, la activista devenida secretaria desaparece de la visibilidad pública. Ausencia y silencio mediático. Los activistas siguen sus pasos no mostrados en la actualidad nacional: la secretaria habilita/inaugura minas de explotación a cielo abierto. Cartas, denuncias, pedidos de renuncia, todo circula por las redes del activismo[20].
A la cada vez más extendida, compartida y argumentada lucha contra la minería aurífera a la que nos estamos refiriendo, la dramatología gubernamental responde con escenas estratégicas de refrendamiento al sector minero: el Cuerpo presente, ritual del poder presidencial, se hace símbolo encarnado del respaldo a las mineras.
Este cálculo, que le asigna a la resistencia el carácter de una amenaza al “apaciguado” proceso hegemónico y, en especial, al monto de confianza disponible del presidente, los tráficos y usos del cuerpo/voz del Estado en la materia, se hace evidente, y hasta se tematiza en periódicos locales. Presidir una mesa en la que se ponen juntos los cuerpos de gobernadores pro-minería y de la secretaria, bajo la mirada y en el cerco autorizante que traza el presidente, es una postal de alianza, una escena de ratificación políticamente correcta de los pactos y un gesto de advertencia a quienes se opongan, activando a la vez los grumos de la memoria que recuerdan la procedencia “activista” de la secretaria de medio ambiente y desarrollo sustentable.
En la Casa Rosada: Gioja firmó acuerdo ambiental junto a Kirchner
Juntos, en la Rosada: Gioja, a la izquierda del presidente kirchner, junto al secretario de Minería, Saavedra. A la derecha, Picolotti y demás funcionarios ambientales y mineros.
La secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti y el gobernador Gioja.
"Aplaudo a este acuerdo y a los organismos del Estado que coordinan estos hechos, no a los que lucran con el miedo de la gente, producto de la ignorancia", dijo el gobernador José Luis Gioja luego de la audiencia que tuvo ayer por la mañana con el presidente Néstor Kirchner y la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, con quienes firmó un acuerdo de cooperación para la actividad minera que se realiza en San Juan.Diario Cuyo (Subrayo yo, M.A.)
V Otros escenarios para cartografiar la Argentina: entre lo pornográfico y lo obsceno (fuera de escena)
Exhibir y ocultar el poder; es éste un interesante régimen donde se calcula el límite que debe resguardarse como umbral, para la evitación de la condena social.
Los eventos organizados por las empresas mineras, avalados y declarados de interés por el Congreso de la Nación, vienen mostrando una sostenida estrategia de ocultamiento de la exhibición de poder, un pudor político-estratégico que, a la vez, despliegue ante los aliados la capacidad y poder económicos que detentan, pero a puertas cerradas de las comunidades locales: una vergüenza calculada ante la sociedad como ley, instancia de juicio ante el poder del capital, sólo refrendable entre políticos, empresarios y sector de beneficiarios de la minería. La fiesta del poder.
“1.000 MINING” Y “ARGENTINA ORO 2006”
Doble fiesta en Buenos Aires
La publicación especializada Mining Press celebró sus 1.000 ediciones y la revista Panorama Minero, sus 30 años entre los lectores. Copetines, videos, saludos y balances: todo el detalle de ambos eventos fue compartido por CUYO MINERO
San Telmo. La aparición de los 1.000 números de Mining Press, una revista especializada que por esos días lanzó una edición especial con un resumen de los últimos cuatro años de minería en Argentina, fue celebrada en un galpón reciclado y refuncionalizado. Diario Cuyo 14 de diciembre 2006
El espectáculo de los enclaves de alianza es a predio cerrado; la imposibilidad de registrar sus escenas de empoderamiento recíproco se garantiza con fuertes dispositivos de control. El despliegue de actos, eventos, seminarios, exposiciones, rituales de consagración a los políticos por parte de las mineras, no se dejan ver en los espacios locales inmediatos de acción, excepto para los pro-minería.
Para una retórica que se sustenta en la coartada del desarrollo para todos, y que busca la alianza con la comunidad “como socia” de la empresa, ofertando esperanzas de puestos de trabajo como palanca de cambio para salir de la escasez, el espectáculo de la riqueza debe ser a puertas cerradas. Una suerte de pornográfica visibilización es en cambio la que circula en los medios empresariales, en las páginas web, en los newsletter del sector y en los registros audiovisuales de los eventos.
La pornografía de la riqueza del capital y su fuerza de presión sobre el Estado entra en el discurso público bajo la seria retórica de los rituales oficiales:
Acto. La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Pascua Lama fue presentada oficialmente en Casa de Gobierno. Asistieron autoridades de la minera Barrick, Minería de la Nación, Chile y Canadá, junto al gobernador Gioja
Diario Cuyo, 14 de diciembre 2006
En el incesante proceso de expansión de los ámbitos de cooptación para reducir a irracionales e ignorantes a los movimientos sociales, activistas y ambientalistas, las mineras actualizan y orientan operaciones en las que la cultura y el arte son botín de guerra y blanco de usos estratégicos (Antonelli: 2006): estetización del saqueo, consagración de la depredación.
“Open pit mine” . Trabajo del tucumano José García, ganador del primer premio en la categoría Paisajes Mineros Concurso fotográfico “Imágenes Mineras Argentinas”, organizado y promovido por Mining Press, que entregó 9.000 pesos en premios. Jurado: Pablo Lasansky (Editor Fotográfico de la agencia Noticias Argentinas), Rafael Calviño (Editor de Fotografía del diario La Nación) y Carlos Villoldo (Editor Gráfico del diario Clarín). Durante la fiesta, además, en una galería anexa al salón principal estuvieron expuestos todos los trabajos premiados, en ampliaciones en papel. Mining Press)
La exhibición impudorosa que posibilita el cerco cerrado ante la mirada sitiada del cuerpo social tiene, no obstante, su réplica condenatoria. El “escrache”, como práctica punitiva emergente en los 90, con el sujeto político H.I.J.O.S, es hoy reactualizada ante el capital y el Estado por la violación del derecho a la vida.
Tanta pomposa auto-seguridad, tanto cálculo del capital del poder con el que se cuenta en el entre-nos de los actores implicados, tantos nombres de empresas, esponsors, inversionistas y nombres propios de los funcionarios y profesionales que las avalan cooptados por intereses, circulando bajo la retórica de adalides del desarrollo, contrastan con la estratégica búsqueda de anonimización y descorporización ante el escrache.
El emblema de este umbral en el que se sustrae aquello que se ostenta en el espacio cerrado del poder bifronte, es la negación hasta del edificio donde opera la Barrick, en Argentina, como ocurrió durante la Jornada Mundial de Repudio a la transnacional, realizada el 1º de mayo de este año. Promovida en redes desde Canadá, país de origen de la más poderosa minera del mundo, en Buenos Aires simuló su desaparación ante el escrache anunciado. Una comisión policial impidió el acceso al edificio, en el que los activistas detectaron la ausencia de la placa identificatoria ubicada en el vestíbulo que anunciaba la sede de Barrick Gold en Argentina, en Arenales al 700, Capital Federal. La policía insistía en afirmar la inexistencia de las oficinas de la minera mientras que los manifestantes ratificaban que hasta el día anterior la transnacional había atendido en ese lugar.
Fotografía gentileza de Javier Rodríguez Pardo, Buenos Aires 3 de mayo de 2007.- MACH – RENACE
UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
Entre los dos escenarios, el de la fiesta con régimen escópico de lo pornográfico a puertas cerradas, y el ritual oficial, con régimen de lo serio en el dominio público, sólo el escándalo puede, con su fuerza irruptiva, rasgar transitoriamente el telón que vela la hegemónica alianza de las actuaciones y actos del poder. El escándalo, como conmoción sociodiscursiva y de visibilidad, es la brecha y el vector por el que toma estado público la connivencia y la cooptación, desquiciando el sistema de su funcionamiento ante la condena pública. El escándalo es, en su misma enunciación, un dispositivo de punición y un punto de inflexión donde la corrupción que implica y complica a funcionarios públicos y privados muestra, desnudo, el cuerpo de la política económica y de la economía política (Antonelli: 2004). El “caso” ingresa en el dominio público por nombre propio (el actual escándalo “caso Skanska”, por ejemplo; en los 90, como gate, “Yomagate”, “Swiftgate”, etc.)
VI. El miedo especular
Las operaciones de coacción del poder político sobre distintos actores de diferentes esferas de la vida institucional y social, el control de los medios locales, las presiones sobre los periodistas, las amenazas a investigadores, las presiones diversas que reportan los autoconvocados, la negativa al recurso democrático de la consulta o del plebiscito, forman parte de un dispositivo de generación intersubjetiva del miedo, como pasión inhibitoria de la movilización e incluso, de poner en habla cotidiana el tema minero.
La maquinaria empresarial cuenta con la cultura política feudal de ciertas provincias y con la anuencia de la Nación para desactivar las resistencias, mediante el descrédito extendido de los movimientos sociales y las asambleas ciudadanas, y por imposición del miedo, en escenarios en los que la dinámica feudal, ligada a familias de poder político controla las actividades de los ciudadanos y de los medios locales. Su repliegue en ámbitos de poderío a puertas cerradas, su despliegue en la retórica oficial de actos de gobierno en nombre del desarrollo por la minería, tienen como condición necesaria la existencia de esos cuerpos retaceados, escamoteados en el discurso público, esos cuerpos que son ausentados de la iconografía política y de la política iconográfica circulante, cuerpos subjetivados de la acción a la que se impide su marca como acto público; cuerpos soportes del discurso que se elide, pero que se descalifica por la difamación: la ignorancia y el miedo en el discurso hegemónico.
La incesante amenaza hegemónica produce efectos por miedo: el accionar de los que resisten, abre a un dominio múltiple, la salvaguarda de la integridad física, personal y familiar: la ética que motiva renuncias a cargos, abandono del lugar de trabajo y de la ciudad, el riesgo del quiebre de los colectivos por presiones, el silencio. Pero también el miedo como base de un ethos racional activa una productividad que no cesa: activismos en redes, tejido y ampliación de intersubjetividades (Antonelli: 2006), crecimiento de la movilización y efectos instituyentes. En este escenario, vuelve Picolotti, al lado del Gobernador Gioja, de San Juan, donde Barrick tiene sus mega-proyectos; bajo la égida del presidente; en la escena donde se fija la apaciguadora medida de “controlar”, fiscalizar” por parte de Nación. Esta decisión es, a la vez, ratificación de fuerza legal-legítima, discurso políticamente correcto, pero tramposamente estatalista, con la que se busca conjurar el creciente accionar y la performatividad de la sociedad civil migrante y transversal.
El Estado que se fabrica públicamente como garante, lleva el ritmo que marca la intensa y expandida acción colectiva. Se advierte en la actualidad la ocupación de enclaves hasta ahora sólo promovidos por los movimientos activistas; preocupante modalidad de réplica del Estado aliado al capital, que duplica, replicando, las mismas actividades para “tranquilizar” a la vez que no puede aludir que se sabe, se dice, se propaga, el saber sobre el impacto de la minería. Habrá que seguir con escrupulosa mirada indagatoria, las modalidades que adquiere y los espacios de circulación en y por los cuales se buscará desactivar el conjunto de reclamos del NO, contaminado sus significantes con significados aceptables pero falaces.
Hay datos ya que no podrán ser rápidamente negados, como la legislación reciente por la que Tucumán prohibió hace poco más de un mes en esa provincia la minería a cielo abierto. ¿ Cómo sostener que los motivos de la prohibición en Tucumán no son los mismos por los cuales se podría prohibir en Catamarca, en Esquel, en San Juan?
Las operaciones del Estado para “borrar” la contaminación es síntoma también del miedo como cálculo. Un caso reciente prueba que cuando tomó estado público el informe sobre contaminación de Mina Bajo La Alumbrera, Catamarca (320 km de la capital de la provincia) con cuya fotografía a 10 años de explotación abrimos nuestro trabajo, el informe desapareció de la web de la secretaría de Minería de la Nación. Ese informe compromete la situación judicial de la minera y del secretario de minería de Nación, Ing. Mayoral[21].
Mientras Gualeguaychú no sale de escena, de lo mostrado/lo dicho, bajo operaciones de judicialización internacional, canalizadas por la cancillería, sus protocolos, las reuniones entre diplomáticos y la mediación ante un conflicto binacional, un mapa se mantiene invisible en el copyright.
Invisibilizar es decretar que el NO no existe, conjurarlo por denegación. Se suprimen, ahuecados, los espacios de acción de los sujetos; se eliden sus discursos a la vez que se les escamotea la existencia público-mediática suscitativa y de interacción. Se elimina, se borra la materialidad de los cuerpos sociales de sus escenarios de confrontación, de construcción, de reunión, etc., instancias en las que la racionalidad del miedo cognitivamente sustentado adopta una polimórfica capacidad de acción[22].
Es, en verdad, conjurar la expansión del No, o el efecto Esquel de 2003. El plebiscito, 81 % de la comunidad dijo NO a la explotación por parte de Meridian Gold, y el escándalo que produjo el que tomaran estado público las estrategias de “generación de confianza” que llevaría adelante la minera siguiendo la propuesta de un grupo de expertos y profesionales para quebrar el No, para revertir la negada “licencia social para operar”, ha devenido acontecimiento, en tanto recrudeció acciones y fortaleció redes de activismo, demostrando que “es posible” enfrentar al poder de alianza empresarial estatal.
En la actualidad nacional, otras provincias afectadas y sus reclamos, tienen menos fortuna mediática. Invisibilizadas en el régimen de actualidad, ingresan a él por “politización” ( caudillismo, acontecimientos de color local); o bien, en el discurso hedonista del turismo y la ruta de los vinos, incluso en la página de turismo de Nación, otro modo estratégico de apaciguar la violencia de la política extractiva; ya que las rutas del vino son las mismas que tendrá el cianuro; son las mismas provincias cordilleranas.
Este proceso es entendible en un país centralista, capitalino y autoespecular; desde la centralidad, las provincias son lo extraño propio. En tal sentido, Gualeguaychú presenta variables geopolíticas específicas – el río como frontera argentina-uruguaya- por las que se ha instaurado como un disparador de traductibilidad y equivalencia de reclamos. En este sistema de traductibilidad de conflictos: el agua, la basura, lo que amenaza el habitat, expone la negativa de las comunidades a aceptar la amenaza de ser reducidos a pura zoe, puro viviente.(Agamben:2003)
Esquel muestra prácticas múltiples, acciones legales enmarcadas en la ciudadanía –como el plebiscito- a la vez que, negativamente, construye el NO con argumentos técnicos autorizados y, propositivamente, afianza el NO en nombre de una opción de identidad común basada en la economía del turismo, del disfrute del ambiente, y de la sociabilidad de la cultura del anfitrión del turista: mundo del trabajo, mundo de la cultura, preservación del medioambiente de una comunidad que tiene una autoimagen de su propia sustentabilidad fundada en una identidad que no contradice la economía, pero la redefine con sus parámetros valorativos. En ésta se ve la delimitación recíproca entre razón/pasión, miedo e indignación desde una racionalidad anudada al deseo de continuidad y comunidad. Son “demasiados” sí, lo que muestra Esquel como para no neutralizar su funcionamiento emblemático y suscitativo para otras zonas. Para la hegemonía es una amenaza que asedia[23]; es preciso inhibir la migración patémico-racional del NO y frenar la traductibilidad de Gualeguaychu: la vida, el agua.
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[1] http://www.mineria.gov.ar/mineria/proyectos/mapaproyectos.asp?titpag=Minería
[2] Cf. FUNAM, Raúl Montenegro presidente, Dr. en Biología, Premio Nobel Alternativo 2004 por sus investigaciones sobre el impacto ambiental de Barrick Gold Corp.
[3] Esta contaminación ya se puede comprobar en Bajo la Alumbrera, proyecto minero extractivo que se habilitara en Catamarca, provincia del noroeste argentino en 1997. En este sentido, Catamarca es la prueba más contundente de que el discurso hegemónico de “control” de impacto ambiental es una mentira sostenida tanto por las empresas mineras como por el estado argentino, a través de distintos funcionarios de diferentes jurisdicciones,incluida la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable.
[4] Cf. Barrick Gold Corporation Minería Responsable, en http://www.barrick.com/files/ehss/online/sp/ Para Suplementos de Economía, ver Suplemento Clarín, domingo 18 de febrero, publicado cuatro días después de la marcha en Capital Federal referida en nota 3.
Cf. Greg Palance, Barrick Gold “Páginas en disputa”, La Nación, domingo 29 de mayo de 2005.
[6] Según la Ley de Inversiones Mineras, las provincias que perciban regalías mineras no podrán cobrar un porcentaje mayor al 3% del valor en "boca de mina" de lo extraído. Este valor depende de lo que declare el productor, luego de descontar muchos de los costos de producción. "Las regalías no recaen en el precio de facturación sino que deben deducirse los costos operativos, cuyos valores son una exclusiva información privada", remarca Ríos y ejemplifica: "Una onza de oro cuesta US$ 640. Si el 3% se aplica a la facturación, las regalías serían US$ 19,20 por onza. Pero hay que deducir los gastos operativos, que el Estado no controla. Es fácil ver el perjuicio económico". Otra golosina promocional es el régimen de reembolso por exportación en puerto patagónico. Ante los murmullos, el Gobierno saca a relucir sus cifras récord: una inversión que en 2006 llegó a US$ 3.900 millones, 37 mil empleos directos y un horizonte dorado. En respuesta, los ambientalistas insisten en los riesgos de la minería a cielo abierto con cianuro y, junto a la oposición, aseguran que la riqueza metalífera que se va barato ya no vuelve. Lejos de las polémicas, el lunes 23 Mayoral regresó de Australia, donde promocionó las virtudes mineras de la Argentina. El Gobierno ha decidido que el pico siga su marcha. Cf. http://www.noalamina.org/mineria-argentina-articulo603.html
[7] Título del documental del director argentino Miguel Mato, sobre la explotación minera de Barrick Gold en Veladero, San Juan, provincia argentina en la que se proyecta el Pascua-Lama, único en el mundo por su carácter binacional Argentina-Chile, y para el cual se ha cedido territorio renunciando a la soberanía.
[8] Por ejemplo, la Ley de Donación de Alimentos en Buen Estado (Ley Donal). Cf. Rochietti et alt. E-Misférica, 4.1 2007
[9] Tanto las redes de activismo del NO, como las publicaciones electrónicas de empresas y equipos profesionales vinculados a las transnacionales y a la actividad minera, dan cuenta de que la neo cartografía puede seguirse a lo largo de la cordillera andina, en especial, de América Latina y el Caribe, siendo las transnacionales mayoritariamente de capitales canadienses y estadounidenses.
[10] Existe proyecto de ley del Diputado Nacional Luis Zamora, para prohibición de lixiviación con cianuro en territorio argentino, 22 de octubre de 2005, Expte. 5937 – D – 05.
Procuramos asesoramiento en derecho internacional público, para ponderar el grado de cumplimiento de las normativas mineras con tratados internacionales y con constitucionalistas, dado que también desde esta especialidad se sindican violaciones por parte del Estado en sus relaciones con las transnacionales. Cf. Svampa-Gargarella, “Nuevos conflictos, viejas complicidades”, Ñ, Revista de cultura, Clarín, 24-02-07, Opinión, p. 14
[11] Mientras en Buenos Aires se celebraba la Audiencia contra 6 integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, los vecinos de Esquel se concentraron en la esquina donde tiene sus oficinas Minera El Desquite S.A. Mientras se distribuían cartillas informativas a vecinos y turistas, en una radio abierta se difundieron los audios de la reunión empresaria donde la minera definió los pasos a seguir para modificar la decisión de los esquelenses.
[12] Retomo desarrollos que formulara en “La esperanza hegemónica”, Jornadas de Investigación 2007
[13] El carácter de acta y actos de fundación que adquiere en San Juan la hegemonía minera, ha consagrado explícitamente al presente como “transformación histórica” de la economía sanjuanina, a la vez que ha designado a la utopía que promete esta explotación, como “futuro venturoso”. Cf. Suplemento minería de Diario de Cuyo y web del gobierno provincial.
[14] La relación entre medios y proceso hegemónico en minería es parte de nuestra actual requiere una investigación detenida y localizada en las diferentes provincias a la vez que a nivel de los medios nacionales.
[15] Cf. FUNAM, denuncias de su presidente, Dr. Raúl Montenegro, luego de recibir el Premio Nobel Alternativo por su investigación contra la Barrick Gold Corp. No contamos con datos de su curso y fallos judiciales. www.funam.org.ar/barrick.htm
[16] “ San Juan, factor de desarrollo de la minería”, Spector Eximconsult SA, 28 y 29 de junio de 2006, “Newsletter Edición 8, El Inversor Energético y minero.com. Revista Futuro Sustentable, invita a Jornadas sobre Minería y futuro sustentable, 17 de agosto 2006, San Juan. El primer seminario sobre potencial minero en Cuyo Minería para el desarrollo fue organizado por Editorial R.N, y se denominó I Encuentro San Juan: con Minería para el Desarrollo, 28 y 29 de Octubre de 2003. http://www.editorialrn.com.ar/Evento/Ev.2002-12-20.html
[17] En nuestro trabajo de campo, durante abril del 2006, comprobamos que la Facultad de Ciencias Naturales, donde funciona el área de Ingeniería y el laboratorio de Minería de la UNSJ, ostentaba un graffiti rojo el que, a manera de un escrache institucional, sindicaba al edificio como espacio de los “Asesinos del oro”, apelando al uso de la svástica. Las renuncias por la razón invocada, fueron vertidas en diálogo que siguiera a “Explotación minera transnacional en la Cordillera. Impactos ambientales y derecho a la vida. El rol de la universidad pública” Conferencia de prensa. Exposición y Charla abierta, co-organizada por programas y cátedras de la UNC y CISPREN, 18 de Julio de 2006, Córdoba. Se preserva aquí la identidad de quien diera testimonio.
[18] Cf Karina Ocampo, “El negocio turbio del Oro”, en http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=2527,. Remitimos nuevamente a Greg Palance.
[19] En el audio, uno de los profesionales del equipo que trabaja para la Meridian Gold, tematiza la estratégica necesidad de no ser noticias. El director de Meridian, buscando neutralizar todo conflicto que pueda visibilizar las acciones para quebrar el No del plebiscito 2003, recomienda neutralizar todo conflicto posible con la comunidad mapuche. El audio, desde el punto de vista de la transnacional, sindica con nombres propios y áreas de incumbencia, a los actores políticos, las ongs, los encuestadores, etc. que se calcula incorporar a las acciones para lograr el consenso sociopolítico nacional y en Esquel. www.lavaca.org y www.noalamina.org
[20] Cf. Marzo 2007: “Especialistas refutan a Picolotti luego de su “bendición” a la mina de oro de Cerro Vanguardia”, EL CIANURO NO ES EL UNICO PROBLEMA AMBIENTAL DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA, Esquel, Chubut, Argentina – 01/03/07. La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, abogada Romina Picolotti, viajó recientemente a Santa Cruz -provincia de la cual es oriundo el presidente Kirchner- para recorrer el emprendimiento minero Cerro Vanguardia S.A. manifestando su conformidad con lo visto en el yacimiento y elogiando el método de “recuperación del cianuro” por el cual la empresa minera dice recuperar y reciclar el 90% del cianuro.
Aprovechó la ocasión para lanzar un refuerzo a los descomunales beneficios impositivos, arancelarios y territoriales que ya tiene la actividad en nuestro país, ofreciendo "una línea de crédito muy blanda para aquellas empresas que incorporen a su proceso una mejora en los procedimientos en relación al medio ambiente." ¿En la tierra de Kirchner el cianuro no es veneno?
Sin embargo, profesionales de Esquel que vienen investigando sobre la problemática y los aspectos químicos de la actividad minera indican que “aún en el mejor de los casos de óptimo funcionamiento y recuperación del 90% del cianuro, si usaran diariamente -por ejemplo- 10 toneladas de cianuro estamos hablando que subsiste todavía 1 tonelada que no se recupera y eso sigue siendo una cantidad enorme”.
Recordemos que en el caso del fallido emprendimiento minero en Esquel la empresa planeaba utilizar 6 toneladas diarias de cianuro (...) Incluso llama la atención de González y Sahores que la funcionaria justifique una actividad abiertamente no sustentable como lo es la minería “solamente por videos institucionales y afirmaciones de la empresa, sin tomar en consideración opiniones calificadas externas y estudios científicos con la respectiva bibliografía que los avalen”. Las mineras y los funcionarios que las respaldan tampoco mencionan “las toneladas de explosivos (con sus respectivos desechos) que se necesitan diariamente y ni hablar de las enormes cantidades de agua que requiere el proceso, es como si el único problema ambiental de la minería a gran escala fuera el cianuro (...) ”
“Gacetilla de Prensa, ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL, sosesquel@yahoo.com.ar www.noalamina.org
[21] 29-03-07Fuente: Primerafuente.com.ar Al publicarse en el semanario Primera Fuente, la secretaría lo saca de su página, lo que produce una rápida búsqueda por parte de otros medios, y los activistas recuperan el texto. El Ing. Mayoral es empresario de tres mineras, y la incompatibilidad de sus cargos no fue óbice para mantenerlo en el cargo de incumbencia. Se consagra así la más ilegítima connivencia entre lo privado y lo público, difuminando sus esferas y contaminándolas recíprocamente. http://www.anticorrupcion.jus.gov.ar/MAYORAL%20RESOL.pdf
[22] Hay numerosos casos constatados: el corte de ruta en Famatina, durante más de ds meses, por los que se impidió la entrada a Barrick Gold a su yacimiento en la provincia de la Rioja es emblemático. No había aparecido ese cuerpo de la resistencia, su volunta activa y su constancia, hasya que la Barrick anuncia que se retira de la provincia, argumentando que tiene otros proyectos más importantes para sus éxitos empresariales. Del lado chileno, ni siquiera se informaron las 48 detenciones por parte de los carabineros en un intento de abrazo del pascua-lama desde ese país.
[23]. Cf.la migración del NO. sosesquel@yahoo.com.ar, www.noalamina.org Contactos en Esquel: Silvia Perez 02945-454811 – Marta Sahores 02945-452719. Destaco el activismo en red, migración de prácticas, enunciados, subjetividad emergente situada.
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